La Habana, Cuba – El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) condena la recién aprobada Ley de Comunicación Social en Cuba, la cual solo reconoce la propiedad estatal sobre los medios de comunicación y controla los contenidos en la prensa cubana. La ley fue aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) el pasado jueves.

Normando Hernández, director general del ICLEP, calificó la ley como una vuelta de tuerca en la criminalización de la libertad de expresión y prensa en Cuba y la describió como una herramienta para censurar cualquier voz disidente y actuar como vocera del régimen. Hernández señaló que ninguna ley proveniente del régimen cubano puede ser considerada buena, ya que su único interés es mantenerse en el poder sin preocuparse por los derechos fundamentales de los ciudadanos.

“El ICLEP condenó en su momento el anteproyecto de ley y ahora condena la Ley de Comunicación Social por toda la criminalidad que encierra”, sentenció el director general del ICLEP.

De acuerdo con el medio oficialista Cubadebate, Esteban Lazo, presidente de la ANPP, dijo durante la segunda sesión extraordinaria que la Ley es el resultado de un amplio y riguroso proceso de construcción colectiva, en el que han participado profesionales y expertos de diferentes disciplinas, organizaciones e instituciones hasta llegar a la versión 34 del documento.

Precisamente, entre la versión 33 del Anteproyecto y la 34 que fue aprobada, se hicieron modificaciones en el 59,48% de su articulado.

Asimismo, Alfonso Noya Martínez, presidente del Instituto de Comunicación e Información Social aseguró que la legislación reconoce la contribución de la comunicación social para fortalecer la unidad del pueblo, afianzar la ideología de nuestra sociedad socialista y defender la independencia, soberanía y seguridad de la patria.

La norma regula el Sistema de Comunicación Social para la gestión estratégica e integrada de los procesos de comunicación social en los ámbitos organizacional, mediático y comunitario, con fines políticos, de bien público, organizacionales y comerciales, tanto en los espacios públicos físicos como en los digitales, y establece los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social en el país. 

El documento consta de 69 artículos y, además, estipula que se prohíbe el empleo de contenidos “para hacer propaganda a favor de la guerra, de un Estado extranjero hostil a los intereses de la nación, el terrorismo, la violencia y la apología del odio entre los cubanos, con el objetivo de desestabilizar el Estado socialista de derecho”.

Según Cubadebate, Miguel Díaz-Canel señaló que “la norma jurídica tiene un fuerte impacto para la seguridad nacional, en un contexto de intensa guerra mediática” y que los artículos de la misma “tienen un enfoque necesariamente regulatorio”.

Rosa Miriam Elizalde, vicepresidenta de la oficialista Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), recalcó que la Ley de Comunicación Social es “la primera ley superior derivada directamente, no solo de una Constitución, sino de una Constitución socialista”.

Por su lado, el ICLEP sostiene que la Ley de Comunicación Social refuerza la idea de que la prensa solo debe ser vocera de la ideología socialista y que solo representa un sector de la sociedad; “el que está de acuerdo con el régimen y su ideología”.

“Esta nueva ley sustenta la idea del objeto social de la prensa, únicamente, como vocera de la ideología socialista, mantiene en la ilegalidad a los medios independientes y criminaliza la libertad de expresión y prensa”, concluyó el director general del ICLEP.