Lázaro Díaz Sanch. Foto: Facebook / Mario Vallejo.
Por ICLEP
Apr 8, 2026 | 10:00 AM
Colón, Cuba — 8/04/2026 - El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) denuncia públicamente un nuevo hecho represivo ocurrido el día 28 de marzo en Colón, Matanzas, el cual constituye una violación directa al ejercicio legítimo de la libertad de expresión en Cuba.
De acuerdo con la información documentada por nuestra red de monitoreo, Lázaro Díaz Sanch, expreso político e integrante del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue objeto de interrogatorio y amenazas por parte de agentes de la Seguridad del Estado, como represalia por expresarse en redes sociales y por su presunta vinculación con la aparición de carteles antigubernamentales.
Hechos documentados
Según la información recopilada por el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP:
El incidente ocurrió en la mañana del 28 de marzo, cuando el expreso político fue citado e interrogado en el cuartel de la policía política en el municipio Colón, provincia Matanzas, en un contexto de creciente represión tras la aparición de pintadas antigubernamentales con consignas como “Abajo la dictadura” y “Patria y Vida”.
Agentes de la Seguridad del Estado ejecutaron un interrogatorio que se extendió por casi dos horas, durante el cual varios oficiales lo amenazaron directamente debido a su actividad en redes sociales y trataron de vincularlo con la autoría de los carteles aparecidos en la localidad.
La víctima sufrió intimidación psicológica y presión coercitiva, incluyendo la exigencia de entregar muestras de caligrafía y huellas dactilares, en un intento de incriminarlo sin pruebas. Este hecho se enmarca en un patrón represivo donde, ante la falta de responsables identificados, las autoridades optan por citar e intimidar a activistas y opositores conocidos.
El caso ha sido documentado a partir de las denuncias del periodista Mario Vallejo y la Fundación Nacional Cubano Americana, e incluido en nuestro sistema de monitoreo de hechos violatorios de la libertad de expresión, mediante un proceso de registro, análisis, contrastación y verificación.
Clasificación metodológica del caso (Indicador ICLEP)
De acuerdo al sistema de clasificación del ICLEP, el hecho constituye:
- Ataques, amenazas y agresiones psicológicas
y forma parte de un patrón sostenido de criminalización del derecho a informar y opinar en el espacio público cubano.
Marco constitucional e internacional vulnerado
El ICLEP recuerda que estos hechos contradicen derechos reconocidos tanto en el orden constitucional cubano como en el marco internacional de derechos humanos.
En primer lugar, la Constitución de la República de Cuba establece garantías vinculadas al ejercicio de derechos fundamentales relacionados con la libertad de pensamiento, expresión y acceso a la información. En particular, el Artículo 53 reconoce el derecho a solicitar y recibir información; y el Artículo 54 garantiza la libertad de pensamiento, conciencia y expresión. También, se violan garantías del debido proceso recogidas en los Artículos 94 y 95, que establecen el derecho a un proceso con garantías, a no ser coaccionado ni obligado a declarar, y a ser tratado con respeto a la dignidad personal.
Asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su Artículo 19, consagra el derecho de toda persona a “investigar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio”.
De igual forma, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su Artículo 19, prohíbe que alguien sea molestado por sus opiniones y protege el derecho a buscar, recibir y difundir información sin consideración de fronteras.
Llamado del ICLEP
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa exige el cese inmediato del acoso y las amenazas contra Lázaro Díaz Sanch, así como el fin de las prácticas de interrogatorio intimidatorio contra ciudadanos por el ejercicio pacífico de su derecho a expresarse.
El ICLEP hace un llamado urgente a la comunidad internacional, a los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, a las relatorías regionales, a gobiernos democráticos y a organizaciones de protección de libertad de expresión, para que:
- den seguimiento a este caso,
- exijan responsabilidades al Estado cubano, y
- refuercen la vigilancia internacional sobre el deterioro sostenido de la libertad de expresión en Cuba.
La libertad de expresión no puede seguir siendo tratada como un delito. Documentar, informar, opinar y denunciar son derechos fundamentales, no amenazas al orden público.
Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP
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