Redacción ICLEP, 1 de agosto de 2020 – El 69% de los 32 hechos violatorios a la libertad de prensa se clasificaron como detenciones arbitrarias por lo que julio corre como segundo mes consecutivo en cuanto a arrestos sin orden judicial contra los profesionales de la prensa en la isla.

La principal estrategia utilizada por el régimen fue igual a la de junio cuando apostó autos policiales y agentes de la Policía Nacional Revolucionara (PNR) y la Policía Política afuera de las viviendas de los comunicadores no dejándolos salir bajo la amenaza de ser arrestados.

Los periodistas independientes que sufrieron arrestos domiciliaros fueron Reynaldo Escobar, Yoani Sánchez y Lusbely (Luz) Escobar del diario digital 14ymedio; Mónica Baró de la Revista El Estornudo, Iliana Hernández de Cibercuba, el fotógrafo Ariel Maceo Téllez y María Matienzo de Cubanet; Esteban Fernández del portal digital ADNCUBA y los FreeLancer Héctor Luis Valdés Cocho y Lázaro Yuri Valle Roca.

También fueron arrestados arbitrariamente Henry Couto Guzmán, Yadisley Rodríguez Ramírez y Diosvani Zalazar Rodríguez de la productora audiovisual Palenque Visión, Pedro L. Hernández y Héctor M. Sierra del ICLEP; Miriam Herrera de la Asociación pro-Libertad de Prensa, Jesús Jank Curbelo del sitio digital Periodismo de Barrio y Camila Acosta de Cubanet.

Los comunicadores Héctor Luis Valdés Cocho, Iliana Hernández y Lusbely (Luz) Escobar sufrieron más de un arresto.

Alejandro Hernández, Héctor Luis Valdés Cocho, Henry Couto Guzmán y José Antonio López Piña recibieron diversos tipos de amenazas por ejercer su labor comunicacional.

La corresponsal extranjera de la agencia EFE en la isla, Lorena Cantó, recibió amenazas de dos funcionarios gubernamentales por informar en su red de Twitter el asedio que sufrieron los periodistas cubanos.

Mónica Baró y Maykel González Vivero fueron víctimas de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) que les retiró el acceso a internet por datos móviles.

El Estado abuso del periodista Jorge Enrique Rodríguez imponiéndole una multa de 800 pesos cubanos por un supuesto delito de desobediencia.

Asimismo, el comunicador Emilio Almaguer de la Cruz fue multado con 3000 pesos moneda nacional en virtud del artículo 68 inciso i) del Decreto Ley 370 y la periodista Camila Acosa fue desalojada de la vivienda que rentaba por presiones de representantes del régimen contra los propietarios de la casa.

El periodista y prisionero de conciencia Roberto de Jesús Quiñones Haces continua en prisión desde septiembre de 2019 cuando fue sancionado a un año de cárcel por el supuesto delito de desacato.

El ICLEP recuerda que pueden existir muchos más hechos violatorios a la libertad prensa, pero solo publicamos los que pudimos corroborar.