La Habana, Cuba - Una ley que solo reconoce la propiedad estatal sobre los medios de comunicación será presentada a los diputados a la Asamblea Nacional el próximo 12 de diciembre.

Con respecto a esta ley de Comunicación Social, los diputados debatirán sobre sus elementos fundamentales, “teniendo en cuenta que la práctica comunicativa en Cuba y su proyección demandan la implementación de una disposición normativa de rango superior que paute la articulación del sistema para la gestión estratégica e integrada de los procesos de comunicación social”, según señaló el oficialista Cubadebate.

La nueva legislación que fue presentada por la oficialista Unión de Periodista de Cuba (UPEC) como un anteproyecto pretende “reconocer” la libertad de prensa que establece la Constitución de la República de Cuba (artículo 55), según el régimen, un “derecho que se ejerce de conformidad con los fines de la sociedad”; y donde el Estado establece los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social” en el país.

Además, señala que su objetivo es “fomentar el consenso y la unidad nacional en torno a la Patria, la Revolución y el Partido Comunista”.

El pasado mes de julio, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP), condenó la presentación     del anteproyecto, precisamente por criminalizar la Libertad de expresión y prensa y no reconocer otro tipo de propiedad sobre los medios de comunicación locales que no sea la estatal, entre otras cuestiones contrarias a la prensa independiente.

El documento consta de 69 artículos y, además, estipula que se prohíbe el empleo de contenidos “para hacer propaganda a favor de la guerra, de un Estado extranjero hostil a los intereses de la nación, el terrorismo, la violencia y la apología del odio entre los cubanos, con el objetivo de desestabilizar el Estado socialista de derecho”.

En el Décimo Período Ordinario de Sesiones del Parlamento cubano, también se presentarán los Proyectos de Ley de Fomento y Desarrollo de la Ganadería; el de la Expropiación por Razones de Utilidad Pública o Interés Social; y el de la Contraloría General de la República de Cuba y del Sistema de Control Superior de los Fondos Públicos y de la Gestión Administrativa.