El periodista independiente Julio Aleaga Pesant fue multado con 3,000 pesos bajo el Decreto Ley 370 por sus publicaciones en redes sociales en las que cuestiona abiertamente al régimen cubano.

En un audio compartido a colegas y amigos al que tuvo acceso 14ymedio y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, el propio reportero precisó que asistió el jueves 20 de junio a una citación de la Seguridad del Estado en la estación de Zapata y C, ubicada en El Vedado, La Habana, y fue interrogado durante aproximadamente tres horas.

Aleaga Pesant detalló que hubo dos equipos de interrogadores, el primero del Ministerio de Comunicaciones, inspectores que se encargaron de acusarlo de "propaganda enemiga" e imponerle la multa por su “trabajo en las redes”. El periodista calificó este interrogatorio de "infantil" y aclaró que los esbirros no dejaron constancia de sus nombres en ningún documento.

En la segunda parte del interrogotorio que fue más "tensa", tres agentes de la policía política que se hacían llamar Maikel, Frank y Rodrigo, en plan de polícía malo, policía bueno y observador en ese orden, le advirtieron que podrían incautarle los equipos con los que trabaja y su teléfono celular, y también lo amenazaron con “mayores represalias” si continúa con sus denuncias a través de las redes.

"Ciertamente ellos están tratando de blindarse con estas nuevas leyes, específicamente el Frank que dice ser teniente coronel dijo todo el tiempo que 'la importancia de la ley y que bajo la ley', ellos no persiguen a las personas porque persiguen a las personas, sino porque la ley los autoriza a perseguirlas", afirmó el reportero.

Esta no es la primera vez que Aleaga Pesant es citado por la Seguridad del Estado, en marzo del pasado año fue interrogado y se le prohibió participar como observador electoral independiente en las votaciones parlamentarias en Cuba y ha sido regulado, por lo que se le impide salir de la isla.

Por su parte, la dictadura continúa utilizando el Decreto Ley 370 para multar y amenazar a periodistas independientes, disidentes y opositores por utilizar las redes sociales para plantear sus inconformidades y divulgar opiniones e información que a los ojos del régimen son inconvenientes.

Recientemente, activista y coordinador nacional de Recursos Humanos del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI), Juan Luis Bravo Rodríguez, fue arrestado y nuevamente lo amenazaron con aplicarle este decreto.