La Habana, Cuba - La organizaciones no gubernamentales Cuba Decide y la canadiense Democratic Spaces (Espacios Democráticos, en español), exigieron este lunes “sanciones selectivas” para altos funcionarios del régimen cubano responsables de reprimir a la sociedad civil, durante las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021 (11J) en Cuba.

“Exigimos sanciones inmediatas contra el régimen cubano por la represión de su pueblo y hacemos un llamamiento a @JustinTrudeau [primer ministro de Canadá] para acciones concretas para poner fin a la impunidad de los líderes terroristas”, publicó Cuba Decide en Facebook.

Entre los dirigentes castristas con petición de castigo se encuentran: Miguel Díaz-Canel, presidente de la República; Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionaria; Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del interior; Oscar Callejas Valcárcel, jefe de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y Eddy Manuel Sierra Arias, subdirector de dicho órgano represivo.

Otros funcionarios del régimen como Pedro Orlando Martínez Fernández, jefe de la Dirección Política de la PNR; Roberto Abelardo Jiménez González, director de establecimientos penitenciarios; Roberto Legrá Sotolongo, jefe del Estado Mayor General; Andrés Laureano González Brito, jefe del Ejército Central y el general Romárico Vidal Sotomayor García, figuran en la lista.

Además, entidades represivas como la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior (Boinas Negras) y las Tropas de Prevención de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Boinas Rojas), también aparecen entre los responsables.

“Se calcula que entre 2.000 y 8.000 personas fueron detenidas. Al 31 de octubre de 2022, 1.027 personas, entre ellas 34 menores, siguen detenidas o encarceladas…”, asegura el comunicado de prensa de ambas organizaciones citando informes de Prisoners Defenders.

También citan la acción urgente que inició el comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas “para 187 casos”; información que Human Rights Watch encontró sobre  la sistematicidad de “detenciones arbitrarias, malos tratos a los detenidos y procesos penales plagados de abusos” y el informe que un grupo de 14 ONG enviaron al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas asegurando que  “los funcionarios de todas las ramas del Ministerio del Interior gozan de impunidad en la comisión de graves violaciones de los derechos humanos en el país.

En el comunicado Democratic Spaces y los promotores de Cuba Decide piden a Canadá que siga el ejemplo de Estados Unidos que utilizó su “legislación Magnitsky para imponer una serie de sanciones selectivas a funcionarios y entidades cubanas”.

“Especialmente teniendo en cuenta la impunidad de la que gozan los funcionarios cubanos en su país, es crucial que Canadá haga su parte para que los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos contra el pueblo cubano rindan cuentas”, concluyó el comunicado.