El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) denuncia una nueva forma de represión contra el periodista independiente Yeris Curbelo Aguilera, encarcelado en el centro correccional A500, anexo a la prisión Combinado de Guantánamo, donde cumple una condena de dos años de privación de libertad tras cubrir las protestas populares de Caimanera, el 6 de mayo de 2023.

Aunque Curbelo Aguilera no ha ejercido el periodismo desde su encarcelamiento —debido a las restricciones del sistema penitenciario cubano—, las autoridades carcelarias le han negado arbitrariamente el derecho al trabajo penitenciario, sin ofrecerle justificación legal ni disciplinaria. De acuerdo con su esposa, Odalis Legrá Castellanos, es el único interno del penal al que no se le permite trabajar, a pesar de que el centro opera bajo un régimen de menor severidad que contempla labores agrícolas, de construcción o limpieza con remuneración.

Esta exclusión no puede entenderse como una simple omisión administrativa. Se trata, en cambio, de una medida punitiva dirigida a prolongar el castigo impuesto por su labor informativa antes del encarcelamiento, y por tanto, una violación indirecta, pero efectiva, de su libertad de prensa.

El ICLEP sostiene que esta represalia institucional constituye una violación a la libertad de prensa por las siguientes razones:

1. El encarcelamiento de Yeris Curbelo fue una represalia por su cobertura informativa durante las protestas de Caimanera, como lo prueban las amenazas previas, el proceso judicial amañado y la criminalización de su activismo mediante cargos de “lesiones” tras un montaje violento.
2. Negarle el derecho penitenciario al trabajo de forma selectiva y sin causa objetiva es una extensión de esa misma lógica represiva, que busca quebrar su voluntad y enviarlo al ostracismo dentro del penal.
3. Aunque no ejerce el periodismo desde prisión, el castigo actual se fundamenta en su identidad como periodista independiente y en su historial informativo, lo cual convierte la medida en una censura sostenida y prolongada.
4. Las autoridades utilizan el régimen penitenciario para continuar reprimiendo al comunicador, demostrando que la persecución política no termina con la sentencia judicial, sino que se prolonga a través del aparato carcelario.

Desde el ICLEP denunciamos que:

Negar sin justificación el derecho al trabajo a un preso político —que fue encarcelado por informar— es una forma de censura que atenta contra los principios de dignidad, legalidad y reinserción social, recogidos en instrumentos internacionales como las Reglas Mandela y el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.