La Habana, Cuba - El régimen cubano acordó este lunes postergar la discusión y aprobación de la nueva Ley de Comunicación Social, una norma jurídica que controlará los contenidos en la prensa oficialista de la isla.

De acuerdo con Prensa Latina, los representantes del parlamento cubano en su Décimo Período Ordinario de Sesiones, retrasaron la aprobación del Proyecto con el supuesto “propósito de recoger una mayor cantidad de opiniones de especialistas y la población”.

“El programa de trabajo tenía previsto la discusión de esta ley y otras cinco, para dar cumplimiento al cronograma legislativo que da continuidad jurídica a las garantías y derechos reconocidos en la Constitución de 2019”, reseña el medio oficialista.

Esteban Lazo, presidente de la Asamblea Nacional, aclaró que la decisión fue adoptada por el Consejo de Estado “en respuesta a la solicitud de varios diputados que pidieron más tiempo para el debate de los preceptos de la ley, primera de su tipo en el país”.

La polémica Ley, que solo reconoce la propiedad estatal sobre los medios de comunicación, iba a ser presentada este 12 de diciembre; sin embargo, temas como la economía, el presupuesto y las medidas del gobierno para enfrentar la situación del país, centraron la agenda de trabajo de los parlamentarios.

La nueva fecha para debatir el proyecto, presentado en julio pasado por la oficialista Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), es entre febrero y marzo del 2023, luego de que se incluyan las opiniones de los especialistas y de la población.

La nueva legislación, que contiene 102 artículos, pretende “reconocer” la libertad de prensa que establece la Constitución de la República de Cuba en su artículo 55, y señala que su objetivo es “fomentar el consenso y la unidad nacional en torno a la Patria, la Revolución y el Partido Comunista”.

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) condenó la nueva Ley de Comunicación Social, por criminalizar precisamente este derecho humano y por no reconocer otro tipo de propiedad sobre los medios de comunicación locales que no sea la estatal, manteniendo ilegal a la prensa independiente.