Jonathan David Muir Burgos, menor de 16 años detenido y encarcelado tras la protesta en Morón. Foto: Facebook/Yoaxis Marcheco Suárez.
Por ICLEP
Apr 1, 2026 | 8:45 PM
Morón, Cuba — 1/04/2026 - El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) denuncia públicamente nuevos hechos represivos ocurridos a raíz de las protestas ciudadanas del 13 de marzo en el municipio de Morón, provincia Ciego de Ávila, el cual constituye una violación directa al ejercicio legítimo de la libertad de expresión y de prensa en Cuba.
De acuerdo con la información documentada por nuestra red de monitoreo, varios ciudadanos, fueron objeto de detenciones arbitrarias, como represalia por manifestarse pacíficamente, corear consignas contra el régimen y expresar su descontento ante la crítica situación que atraviesa el país.
Hechos documentados
Según la información recopilada por el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP:
En horas de la noche del 13 de marzo de 2026 una protesta de gran magnitud se inició en la zona conocida como “El Vaquerito”, en Morón, y avanzó por varias calles hasta llegar a la sede municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC), en un contexto de creciente descontento popular por el deterioro de las condiciones de vida y en particular los prolongados apagones.
Durante la manifestación, decenas de ciudadanos corearon consignas contra el régimen y, al llegar a la sede del PCC, se produjeron actos como la quema de muebles y cuadros. La protesta fue reprimida por fuerzas del orden mediante un operativo de gran magnitud, que incluyó el uso de la fuerza y un despliegue posterior de unidades policiales, fuerzas especiales y brigadas parapoliciales en el municipio.
Como resultado de esta represión, se ha logrado identificar a las siguientes personas detenidas:
Testimonios indican que la cifra total de detenidos podría ascender a alrededor de 27 personas, aunque el acceso a la información oficial ha sido limitado. La presencia de menores entre los arrestados agrava la preocupación sobre la ausencia de garantías procesales.
Particularmente alarmante es el caso del menor Jonathan David Muir Burgos, quien fue citado el 16 de marzo junto a su padre, el pastor Elier Muir Ávila, a la estación de policía local y posteriormente trasladado a la unidad conocida como “el Técnico”. El padre fue liberado, pero el menor permaneció detenido. Esta familia ha sido objeto de persecución previa por motivos religiosos y por sus posturas a favor de una Cuba libre.
El adolescente está siendo acusado de sabotaje y en el Departamento Técnico de Investigaciones, el adolescente ha sido sometido a interrogatorios intimidatorios y presiones psicológicas, en un contexto de ausencia total de garantías procesales. Se reporta que permanece en condiciones inadecuadas: duerme en el suelo, sin condiciones mínimas de higiene, con alimentación deficiente y sin acceso a atención médica adecuada, pese a padecer una enfermedad dermatológica crónica.
Un recurso de Habeas Corpus interpuesto por su abogado fue rechazado el 25 de marzo, evidenciando la falta de mecanismos efectivos de protección judicial. Posteriormente, la Fiscalía Municipal de Morón ordenó prisión provisional para el menor, quien fue trasladado el 1 de abril a la cárcel provincial de Ciego de Ávila (Canaleta), conocida por sus condiciones infrahumanas.
Aunque el menor fue devuelto temporalmente al Departamento Técnico de Investigaciones debido a fallas eléctricas en el centro penitenciario que impidieron su registro, las autoridades han indicado que será trasladado nuevamente, lo que incrementa el riesgo a su integridad física y psicológica.
En paralelo, se denunció que un joven de 19 años resultó herido de bala en una pierna durante la represión, pero su identidad no ha sido revelada para proteger a la víctima que logró evadir la represión del régimen. Asimismo, en los días posteriores a la protesta, se reportó una fuerte militarización del municipio, con patrullajes constantes de fuerzas policiales, en un evidente intento de intimidación y control social.
Autoridades del Partido Comunista intentaron desacreditar la protesta, alegando sin pruebas que los manifestantes habrían sido financiados por actores externos y confirmaron que 14 personas permanecían detenidas.
El caso ha sido documentado a partir de denuncias públicas en redes sociales, los registros de organizaciones como Cubalex y Justicia 11J y publicaciones del medio de prensa Martí Noticias, e incluido en nuestro sistema de monitoreo de hechos violatorios de la libertad de expresión, mediante un proceso de registro, análisis, contrastación y verificación.
*Nota metodológica: Ante la falta de precisión en las fechas en las que ocurrieron las detenciones se registrarán las mismas el 14 de marzo, salvo aquellas con fecha señalada.
Clasificación metodológica del caso (Indicador ICLEP)
De acuerdo al sistema de clasificación del ICLEP, el hecho constituye:
- Ataques, amenazas y agresiones psicológicas
- Detención arbitraria
- Uso abusivo del poder estatal
- Reclusión o privación de libertad
y forma parte de un patrón sostenido de criminalización del derecho a informar y opinar en el espacio público cubano.
Marco constitucional e internacional vulnerado
El ICLEP recuerda que estos hechos contradicen derechos reconocidos tanto en el orden constitucional cubano como en el marco internacional de derechos humanos.
En primer lugar, la Constitución de la República de Cuba reconoce en su Artículo 54 la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, lo que incluye el derecho de toda persona a exteriorizar opiniones, críticas y demandas sociales sin ser objeto de represalias. Este derecho se encuentra estrechamente vinculado al Artículo 56, que consagra el derecho de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos, todos ellos vulnerados en el presente caso al reprimirse una protesta ciudadana y sancionarse penalmente la expresión colectiva del descontento.
Asimismo, se transgreden garantías fundamentales del debido proceso reconocidas en los Artículos 94 y 95 de la Constitución, que establecen el derecho a la defensa, a un proceso con todas las garantías, a la presunción de inocencia, a no ser sometido a coacción ni a tratos degradantes, y a recibir un trato digno durante la detención. Estas garantías han sido claramente ignoradas en el caso documentado, evidenciado en la detención arbitraria de ciudadanos, la negativa de recursos judiciales como el habeas corpus y las condiciones inhumanas de reclusión denunciadas, especialmente en el caso de un menor de edad.
En el plano internacional, estos hechos vulneran la Declaración Universal de Derechos Humanos, en particular sus artículos 9 (protección contra detenciones arbitrarias), 19 (libertad de expresión) y 20 (derecho de reunión pacífica). Asimismo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en sus artículos 19 y 21 la protección de la libertad de expresión y de reunión pacífica, mientras que su artículo 14 garantiza el derecho al debido proceso.
El Estado cubano continúa utilizando mecanismos legales y extralegales para criminalizar el ejercicio de derechos fundamentales, recurriendo a figuras del Código Penal como desórdenes públicos, desacato, instigación a delinquir y sabotaje, que son aplicadas de forma amplia y discrecional para sancionar la protesta pacífica y la expresión crítica.
Llamado del ICLEP
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa exige el cese inmediato de la represión contra los ciudadanos que participaron en las protestas en Morón, así como la liberación inmediata de todas las personas detenidas por ejercer su derecho a manifestarse pacíficamente.
El ICLEP hace un llamado urgente a la comunidad internacional, a los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, a las relatorías regionales, a gobiernos democráticos y a organizaciones de protección de libertad de expresión, para que:
- den seguimiento a este caso,
- exijan responsabilidades al Estado cubano, y
- refuercen la vigilancia internacional sobre el deterioro sostenido de la libertad de expresión en Cuba.
La libertad de expresión no puede seguir siendo tratada como un delito. Documentar, informar, opinar y denunciar son derechos fundamentales, no amenazas al orden público.
Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP
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