Redacción ICLEP- Los presos políticos Ibrahim Domínguez Aguilar, Roberto Ángel Piloto Rodríguez y Ramón Enrique Montero Meriño fueron recientemente atrás por un mismo motivo: denunciar la falta de atención médica, escasez de medicamentos y otras violaciones que se comenten en las prisiones donde se encuentran

El pasado 3 de abril, Domínguez Aguilar fue víctima de una brutal golpiza propinada por siete guardias de la cárcel santiaguera de Boniato, según narró el propio preso político en una llamada desde ese penal a la cual tuvo acceso el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

Domínguez Aguilar, sentenciado a 10 años de prisión por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en el municipio Contramaestre, se encontraba en la enfermería del centro penitenciario esperando a ser atendido por un fuerte dolor de muelas.

Ante la queja de los reclusos por la mala atención, un reeducador les dijo que si seguían protestando todos se iban a quedar sin asistencia sanitaria. Domínguez le respondió que eso no lo podía hacer, a lo que el guardia lo ofendió y lo calificó de “bocón”, por defender el derecho de los reclusos a ser atendidos por un médico. La discusión subió de tono y ordenó que esposaran a Domínguez.

Ya sometido, siete guardias jóvenes bajo las órdenes del capitán Humberto Garcés, comenzaron a golpearlo. “Me tiraron para el piso, me pusieron el pie en la cabeza, me rayaron toda la cara, me dieron una pila de galletas. Tengo toda la cara desbaratada. Me dieron golpes por donde quiera. Y después tuve que subir caminando como si no hubiera pasado nada”, contó el prisionero político en la llamada telefónica.

El 9 de abril, en el centro correccional Veguita 1 del municipio granmense Yara, el preso político Roberto Ángel Piloto fue llevado a celda de castigo por denunciar ante una inspección de la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior que en la prisión no existían medicamentos para los reclusos enfermos y que la alimentación era muy mala.

Ante esta represalia, el miembro del Foro Antitotalitario Unido (FANTU) se declaró en huelga de hambre, la cual mantiene hasta la fecha. Esta no es la primera vez que Piloto es castigado por realizar denuncias. El mes pasado un oficial de la Seguridad del Estado lo amenazó con “fuertes represalias” por comunicar a una organización de derechos humanos la muerte por negligencia médica del recluso Julio Alexis Aguilar Osorio.  

Como parte de las acciones de hostigamiento para controlar la información dentro de las cárceles, el preso político Ramón Enrique Montero Meriño también fue visitado por la Seguridad del Estado en la prisión Kilo 8 de Camagüey, el pasado 16 de abril.

Lo amenazaron con someterlo a más castigos y años de cárcel si volvía a comunicarse con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba para denunciar las violaciones que se comenten en el penal, entre estas, la falta de atención médica.

Montero Meriño, sentenciado por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en la ciudad de Camagüey, respondió a los represores que ellos no podían controlarle a quién llamaba y se negó a firmar los documentos de compromiso preparados por la policía política.

Los últimos informes presentados por las organizaciones independientes Cubalex y Centro de Documentación de Prisiones Cubanas coinciden en señalar la falta de medicamentos y de atención sanitaria como uno de los principales problemas que enfrentan los reclusos cubanos. Las autoridades responsables, además de no hacer nada para buscar soluciones, se empeñan en cohibir las denuncias, violando también el derecho de queja y la libertad de expresión de los reclusos que se encuentran indefensos y en peligro de muerte ante esta situación de abandono.