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Revocan beneficio penitenciario a preso político Alexander Díaz Rodríguez tras denunciar abusos desde prisión

Alexander Díaz Rodríguez. Foto tomada del perfil en Facebook de José Elias Gonzalez Agüero.

Por ICLEP

Jun 28, 2025 | 8:25 AM


El preso político cubano Alexander Díaz Rodríguez fue trasladado a una prisión de mayor severidad tras la revocación de su régimen penitenciario menos estricto, en represalia por las denuncias públicas que ha realizado sobre su situación de salud y los abusos sufridos en prisión.

Según alertó el 24 de junio la organización Cubalex, Díaz Rodríguez fue trasladado al penal de máxima severidad de Sandino, en la provincia de Pinar del Río, luego de que las autoridades cubanas le retiraran el beneficio de mínima severidad por el que permanecía en el campamento de trabajo forzado “El 25”.

Díaz Rodríguez, condenado a cinco años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, deberá cumplir ahora el año restante de su condena en condiciones mucho más duras. Durante su encarcelamiento, su estado de salud se ha deteriorado considerablemente, sin que se le haya garantizado acceso adecuado a atención médica.

Cubalex denunció que la revocación del régimen penitenciario responde directamente a las denuncias públicas emitidas por el preso político y a la difusión en redes sociales de imágenes donde se evidencia su severo estado de desnutrición.

El recluso padece cáncer y presenta un cuadro de desnutrición avanzado, pero a pesar de su delicada situación de salud, las autoridades penitenciarias le han negado la licencia extrapenal que permitiría su tratamiento médico fuera de prisión.

A este caso se suman múltiples denuncias recientes que revelan un patrón sistemático de maltratos contra presos políticos en diversas cárceles del país.

El activista José Díaz Silva denunció el 24 de junio las condiciones de “esclavitud” en las que se encuentran muchos reclusos en las prisiones cubanas. De acuerdo con su testimonio, la mayoría de los presos no recibe salario alguno por el trabajo forzado que realizan, y los pocos que sí, perciben una cantidad irrisoria.

En la Zona 0 del Combinado del Este, se encuentran recluidos los políticos del 11J Rolando Vázquez Fleita y Eduardo Álvarez Rigar, quienes son sometidos diariamente a jornadas de trabajo agotadoras bajo el sol, sin alimentos suficientes ni condiciones mínimas de higiene.

El 23 de junio, ambos fueron sacados a trabajar desde las 7:00 a.m. sin desayuno ni posibilidad de asearse, y no regresaron hasta pasada la noche, con una alimentación escasa y de pésima calidad. Al regresar, no pudieron bañarse porque el jefe del campamento, el mayor Javier Tamayo Frómeta, les negó el acceso al agua como castigo. Al reclamar su derecho básico a la higiene, fueron amenazados y etiquetados como "bocones y problemáticos".

Según la denuncia, el día 24 el mismo oficial los volvió a enviar a trabajar, esposando a Vázquez Fleita, Álvarez Rigar y a otros reclusos políticos como medida punitiva, y amenazándolos con trasladarlos a una prisión cerrada mientras les gritaba que “no eran nadie” para exigir agua o comida.

Otra grave denuncia hecha por Cubalex refiere que el pasado 20 de junio, Alejandro Morales Pereira, preso político encarcelado por manifestarse pacíficamente en Encrucijada, Villa Clara, intentó suicidarse en su celda debido a los constantes abusos en la prisión La Pendiente, en Santa Clara.

El joven fue esposado dentro de la celda y brutalmente golpeado por los guardias, quienes intentaban obligarlo a gritar “Patria o muerte”. Sin ceder ante la violencia, respondió con firmeza: “Patria y libertad”. Su cuerpo quedó cubierto de moretones, según el testimonio recogido por la organización legal.

Por su parte, el también preso político Miguel Alfonso Jiménez Marrero lleva más de dos meses en huelga de hambre como protesta por la severidad de su condena. Su estado de salud es crítico: ha perdido peso drásticamente, apenas puede hablar o caminar, tiene la visión afectada y no recibe la atención médica adecuada.

Actualmente está internado en la sala de penados del hospital Arnaldo Milián Castro, en Santa Clara, donde permanece en condiciones inhumanas, no le permiten asearse ni cepillarse los dientes, argumentando que “no necesita aseo personal”.

Además, su privacidad y la de su familia son vulneradas durante las visitas, ya que todas las conversaciones son grabadas con cámaras por parte del régimen penitenciario. Cubalex también informó el 27 de junio que el segundo jefe de cárceles y prisiones de Villa Clara intentó que los familiares firmaran un documento que los hacía responsables por lo que pudiera sucederle a Jiménez Marrero a causa de su huelga, intento que fue rechazado.

El preso político cumple una condena de 12 años de prisión, fue juzgado por un tribunal militar, pese a ser civil. Lo acusaron de haber lanzado piedras contra una tienda estatal durante un apagón en Calabazal de Sagua en Encrucijada.

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