La Habana, Cuba – Durante el 2022 la dictadura continúo utilizando el Decreto Ley 370 para multar a disidentes, opositores y periodistas independientes por divulgar en las redes sociales información y opiniones que los que mandan en Cuba consideran inconvenientes.

El Decreto Ley 370, bautizado por la Sociedad Civil en la isla como Ley Azote, entró en vigor el 4 de julio de 2019 y en su artículo 68 inciso i) castiga a quienes difundan “a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas”.

Bajo este enunciado fueron multados en el año que termina unas 61 personas, según el Proyecto Inventario, entre los que se encuentran 6 comunicadores registrados por el ICLEP

Adrián Martínez Cádiz, corresponsal del canal católico Eternal Word Television Network (ETWN), Boris González Arenas (Diario de Cuba), Yadiris Luis Fuentes (El Toque) y Cynthia de la Cantera Toranzo (YucaByte) fueron multados por el Decreto-Ley 370 “Sobre la Informatización de la Sociedad en Cuba”, al divulgar información u opiniones en redes sociales incómodas para el régimen cubano.

Martínez Cádiz, de 28 años, fue citado el pasado 21 de octubre a la unidad policial de Zapata y C, en el municipio Plaza, por sus críticas contra el sistema político cubano.

Durante el interrogatorio una represora “me trató muy mal, me alzó la voz con muy mala forma, me mandó a callar las veces que yo quería explicar algo", declaró el reportero en ese momento a la agencia EWTN Noticias.

El corresponsal de la agencia católica se negó a firmar un “acta de advertencia” policial y fue amenazado con ir a prisión de continuar publicando en redes sociales. Al finalizar, se le impuso una multa de 3 mil pesos cubanos.

Por otra parte, González Arenas (Diario de Cuba), también fue multado con 3 mil pesos el pasado 14 de junio luego de asistir a una citación policial por sus publicaciones en redes sociales.

“El castrismo, la Seguridad del Estado, la policía y el Ministerio de Comunicaciones, violan el derecho constitucional a la libertad de expresión y comenten además el delito de conspiración, pues trabajan de manera conjunta en los casos de agresión a los activistas y la prensa independiente”, declaró en ese momento el periodista al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP).

El comunicador de 46 años, recibió una primera multa en febrero de 2020, y se convirtió en el cuarto periodista sancionado con la entrada en vigor del decreto Ley 370.

Asimismo, a la periodista Luis Fuentes, el 10 de febrero fue citada, interroga, amenaza de prisión y le impusieron una multa amparada en la Ley Azote.

“Para aplicar la multa, se presentaron tres inspectores del Ministerio de Comunicaciones. Uno de ellos me enseñó dos publicaciones mías de noviembre, ambas pidiendo la excarcelación de dos amigos, Yanilys Sariego y Osmel González Darlington. El inspector solo tenía esos dos posts de carácter público impresos y agregó que fueron detectados por ‘los compañeros de la Seguridad del Estado’, dos publicaciones que no vulneran ni el interés social, ni la moral y mucho menos las buenas costumbres”, agregó la reportera en aquel entonces.

Cynthia de la Cantera Toranzo, también el 11 de febrero, fue citada, interrogada, presionada para que renunciara públicamente a continuar ejerciendo el periodismo y multada con 3000 pesos cubanos en virtud del artículo 68, inciso i) del Decreto Ley 370.

“En julio, septiembre y noviembre de 2020 fui igualmente interrogada por varios oficiales de la Seguridad del Estado. Entre ellos el oficial Rolando, quien ha amenazado también a otros periodistas independientes. Desde entonces, hace casi dos años, las agresiones psicológicas contra mí y mi pareja no han parado”, aseguró la periodista en su perfil de Facebook.

Otros dos comunicadores, Carlos Alberto “El Ruso” Pérez García (Twittero) y Ángel Luis Cuza (ADN Cuba), también fueron multados el 5 de febrero y el 28 de agosto, respectivamente.

“Gracias a todos por la preocupación y por estar pendientes de mí y mi familia, salí sin cargos, solo con multa administrativa por el 370”, fue parte del mensaje que envió el Ruso a través de Twitter a sus más de 22 mil seguidores, después de salir del arresto.

Por su parte, Cuza aseguró, a Radio Martí; "la multa nos la ponen, dicen ellos, por las denuncias que estamos haciendo nosotros en las redes sociales, que nosotros estamos, día a día, denunciando las cosas arbitrarias que se están cometiendo en el país".

Según el Proyecto Inventario desde la entrada en vigor de la Ley Azote la dictadura de Cuba a impuesto unas 72 multas a 61 personas residentes en 9 provincias y el municipio especial Isla de la Juventud.

“La sanción más común es la multa correspondiente de $3.000 pesos (Artículo 70), aplicada a veces en combinación con la confiscación del teléfono de la persona (Artículo 71, a))”, señaló la investigación del Proyecto inventario.

El ICLEP, solo ha registrado seis casos de comunicadores sancionados por la Ley Azote durante el 2022, pero no descarta existan otros reporteros víctimas de esta ley liberticida.