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Vigilancia, acoso y restricción de movimiento contra tres periodistas en Cuba

Cerco policial en los alrededores de la vivienda de Camila Acosta el 10 de marzo. Captura tomada de su Facebook.

Por ICLEP

Mar 15, 2026 | 1:00 PM


La Habana, Cuba — 15/03/2026 -  El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) denuncia públicamente nuevos hechos represivos ocurridos los días 9, 10 y 15 de marzo en las provincias La Habana y Artemisa, los cuales constituyen violaciones directas al ejercicio legítimo de la libertad de prensa en Cuba.

De acuerdo con la información documentada por nuestra red de monitoreo, Camila Acosta y Yoani Sánchez, periodistas independientes, y Mabel Páez, periodista y directora del medio de comunicación comunitario del ICLEP “El Majadero de Artemisa”, fueron objeto de restricción de movimiento y vigilancia policial (operativo, cerco y sitio domiciliario) para impedirles ejercer su labor periodística.

 

Hechos documentados

Según la información recopilada por el Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP:

El primer incidente ocurrió el 9 de marzo, en las inmediaciones de la Universidad de La Habana, cuando un grupo de aproximadamente veinte estudiantes realizó una sentada pacífica en la escalinata de la institución para protestar por las condiciones académicas y por la continuidad de la modalidad semipresencial en varias universidades del país en medio de la crisis energética que afecta a Cuba.

La periodista independiente Camila Acosta, quien reside en las cercanías del centro universitario, denunció a través de sus redes sociales que los estudiantes estaban rodeados por agentes de la Seguridad del Estado desplegados en la zona, mientras ella misma permanecía bajo vigilancia de la Seguridad del Estado debido a su cercanía al lugar de los hechos para impedirle su labor informativa.

Al día siguiente, 10 de marzo, la periodista denunció que la Seguridad del Estado impuso un operativo represivo en la esquina de su vivienda para impedirle salir de su casa.

Según su testimonio, el cerco policial estaba integrado por dos policías uniformados en una patrulla, un oficial de la Seguridad del Estado vestido de civil en una motocicleta y dos mujeres vestidas de civil identificadas como integrantes de brigadas de respuesta rápida, quienes permanecían vigilando la zona con el objetivo de restringir su movilidad.

La periodista denunció que al menos cinco personas estaban destinadas exclusivamente a vigilar su vivienda, lo que calificó como un ejemplo del uso de recursos estatales para la represión contra periodistas y ciudadanos que ejercen su derecho a informar.

Nuevamente el 15 de marzo Camila Acosta denunció en redes sociales que amaneció sitiada en su vivienda por órganos represivos en medio del clima de tensión en todo el país a raíz de las protestas ciudadanas en varias localidades de Cuba ante la crisis generalizada.

Por su parte, Yoani Sánchez denunció ese mismo día en un video en sus redes que un represor, que se negó a decir su nombre en cámara y llevaba la cara completamente cubierta con lentes y cubrebocas para no ser identificado, le impidió salir de su edificio sin comunicarle el motivo de esta detención arbitraria. También expuso la presencia de otras dos mujeres en los bajos de su vivienda a las que no reconoció como vecinas de la zona.

Mabel Páez, periodista y directora del medio de comunicación comunitario del ICLEP “El Majadero de Artemisa”, fue visitada en la mañana del 15 de marzo por el jefe del sector llamado Alexis y otra señora que no se presentó y le prohibieron salir de su casa "hasta nuevo aviso" porque de lo contrario tendría serios problemas.

Cuando la periodista le preguntó el porqué de la detención domiciliaria el policía no respondió, dio la espalda y se marchó. Mabel dijo en declaraciones al ICLEP que la detención arbitraria podría estar relacionada con una convocatoria a salir a la calle a protestar que está circulando desde ayer entre los ciudadanos y por tal motivo en el municipio Bauta hay una gran presencia policial en la calle y también en el parque de Artemisa.

El caso ha sido documentado a partir de publicaciones realizadas por la propia periodista en redes sociales, e incluido en nuestro sistema de monitoreo de hechos violatorios de la libertad de expresión, mediante un proceso de registro, análisis, contrastación y verificación.

 

Clasificación metodológica del caso (Indicador ICLEP)

De acuerdo al sistema de clasificación del ICLEP, el hecho constituye:

- Ataques, amenazas y agresiones psicológicas

- Detención arbitraria

- Uso abusivo del poder estatal

y forma parte de un patrón sostenido de criminalización del derecho a informar y opinar en el espacio público cubano.

 

Marco constitucional e internacional vulnerado

El ICLEP recuerda que estos hechos contradicen derechos reconocidos tanto en el orden constitucional cubano como en el marco internacional de derechos humanos.

La Constitución de la República de Cuba reconoce y garantiza varios derechos vinculados al ejercicio de la libertad de pensamiento, expresión y participación ciudadana. Entre ellos, el Artículo 54 establece que el Estado reconoce y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, mientras que el Artículo 55 reconoce el derecho a la libertad de prensa.

Asimismo, el Artículo 53 reconoce el derecho de las personas a solicitar y recibir información veraz y oportuna, y el Artículo 56 reconoce los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos.

La vigilancia policial contra periodistas por informar sobre protestas sociales, así como el uso de operativos de cerco para impedir el ejercicio de la actividad periodística, contradice directamente estas garantías constitucionales.

Asimismo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su Artículo 19, consagra el derecho de toda persona a investigar, recibir y difundir informaciones e ideas por cualquier medio y sin limitación de fronteras.

De igual forma, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su Artículo 19, establece que nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones y protege el derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole.

 

Llamado del ICLEP

El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa exige el cese inmediato de las acciones de hostigamiento, vigilancia y restricción de movimiento contra las periodistas Camila Acosta, Yoani Sánchez y Mabel Páez así como el respeto pleno al ejercicio del periodismo independiente en Cuba.

El ICLEP recuerda que informar sobre hechos de interés público, documentar protestas ciudadanas y difundir testimonios sociales no constituye delito alguno, sino una actividad esencial para la transparencia y el derecho de la sociedad a estar informada.

El ICLEP hace un llamado urgente a la comunidad internacional, a los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas, a las relatorías regionales, a gobiernos democráticos y a organizaciones de protección de libertad de expresión, para que:

- den seguimiento a este caso,

- exijan responsabilidades al Estado cubano, y

- refuercen la vigilancia internacional sobre el deterioro sostenido de la libertad de expresión en Cuba.

La libertad de expresión no puede seguir siendo tratada como un delito. Documentar, informar, opinar y denunciar son derechos fundamentales, no amenazas al orden público.

 

Observatorio Cubano de Libertad de Expresión del ICLEP

Canales oficiales del ICLEP

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